La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) expresa su rechazo y preocupación frente al proyecto denominado «Ley de inviolabilidad de la propiedad privada», que impulsa el Gobierno nacional y que se tratará este 6 de agosto en el Senado de la Nación. Este proyecto, que deroga la Ley de Tierras, vulnera derechos esenciales vinculados con la protección de los bienes naturales comunes, la soberanía nacional, la justicia social y el derecho de las generaciones presentes y futuras a un ambiente sano.

La tierra no es únicamente un bien económico sujeto a las reglas del mercado. Es un recurso estratégico indispensable para la producción de alimentos, la conservación de la biodiversidad, la protección de las fuentes de agua, el desarrollo de las comunidades y el ejercicio efectivo de la soberanía.

La extranjerización de la tierra compromete la capacidad del Estado para resguardar recursos estratégicos y planificar el desarrollo del territorio en función del interés colectivo. Cuando se debilitan los mecanismos de regulación sobre la propiedad rural, aumenta el riesgo de concentración de tierras en manos extranjeras, lo que limita el acceso a la tierra para productores locales y comunidades, condiciona el uso sustentable del territorio y afecta el interés nacional.

En este contexto, resulta especialmente preocupante que más de 13 millones de hectáreas rurales se encuentren actualmente bajo titularidad extranjera y que numerosas provincias del país hayan superado los límites establecidos por la legislación vigente. La eliminación de esos mecanismos de regulación constituiría un grave retroceso en la defensa de la soberanía nacional, al reducir la capacidad del Estado para proteger áreas de frontera y territorios que concentran recursos estratégicos, como el agua, los minerales, la biodiversidad y las principales cuencas productivas.

La Constitución Nacional garantiza el derecho de propiedad, pero ello no significa que el territorio pueda concebirse como una mercancía desprovista de función social y de interés nacional. Mantener herramientas de control sobre la propiedad de la tierra resulta indispensable para promover un desarrollo territorial equilibrado, garantizar que los bienes naturales comunes permanezcan al servicio del pueblo argentino y evitar la entrega de decisiones estratégicas sobre el territorio a intereses extranjeros.

También preocupa la posibilidad de que se debiliten las salvaguardas ambientales en áreas de especial importancia ecológica, como los bosques nativos, los humedales, las nacientes de agua y otros ecosistemas estratégicos. Estos cumplen funciones esenciales para la regulación climática, la conservación de la biodiversidad y la provisión de agua, constituyendo un patrimonio común cuya protección trasciende los intereses particulares.

Como organización sindical comprometida con la defensa de la educación pública y los derechos colectivos, reafirmamos la necesidad de fortalecer las políticas públicas orientadas a defender de manera irrenunciable la soberanía nacional, garantizar una gestión sustentable del territorio, y asegurar que las decisiones sobre el uso del territorio respondan al interés del pueblo argentino.

Lisandro A. Sedano

Secretario de Defensa de Bienes Naturales Comunes | AGMER CDC