Documento » Marcha federal Universitaria 12 de mayo de 2026

Hoy las calles de todo el país vuelven a pintarse con la convicción de un pueblo que no se rinde. Nos encontramos aquí para defender nuestra educación pública que continúa en un estado de emergencia presupuestaria y salarial asfixiante. Estamos aquí porque la universidad argentina continúa siendo ese motor de movilidad social ascendente que nos distingue en el mundo y que está siendo empujada al abismo por un gobierno que solo apunta a su privatización. Nos manifestamos porque la educación y la ciencia pública no son una mercancía, son un derecho que nuestro pueblo supo conquistar y que no vamos a permitir que nos arrebaten. El gobierno debe garantizar ese derecho y para ello debe cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario sancionada y ratificada por el Congreso de la Nación hace seis meses.

El ajuste no es solo universitario. Vivimos un plan de ataque generalizado sobre la clase trabajadora de nuestro país, sobre su industria y soberanía. Lo que hoy vive la universidad es el reflejo de un modelo de desarticulación del entramado social. Según los datos del INDEC, 25 millones de personas han caído en la pobreza, alcanzando un escandaloso 52,9%, cerraron más de 22.000 empresas y se han perdido 300.000 puestos de trabajo formales. El pueblo está siendo atacado en múltiples planos: económico, social y cultural. Con salarios que no llegan a cubrir la canasta básica y un costo de vida que aumenta mientras se dibujan los números de la inflación. La situación es crítica para las y los trabajadores, las y los estudiantes y los sectores populares que son los pagan el ajuste del gobierno nacional y provincial.

En la universidad, este escenario se repite: lo vemos en docentes y no docentes que no llegan a fin de mes, estudiantes que tienen que elegir entre trabajar y cursar, lo vemos también en becas que no alcanzan para vivir y pierden poder adquisitivo mes a mes. Llevamos años con la beca progresar congelada y cada vez son mayores las restricciones para acceder a ella. El gobierno nacional decide desde 2024 congelar el monto en apenas $ 35.000, una cifra completamente desconectada de la realidad. Hoy alcanzan apenas para alrededor de 10 platos en el comedor universitario de la UNER o para solamente 20 pasajes de colectivo sin subsidio. No alcanza ni para sostener una semana de cursado. Eso no garantiza el derecho a estudiar: condena a miles de jóvenes a abandonar sus carreras o a sobrevivir en condiciones cada vez más precarias. A esto se suma el vaciamiento deliberado del programa. De los cerca de 250.000 becarios que existían, hoy quedan apenas 160.000. Además, durante el último período de inscripción la página permaneció abierta apenas 24 días corridos y al menos 15 de esos días estuvo caída o funcionando con errores, impidiendo que miles de estudiantes pudieran completar el trámite. Este no es un problema administrativo ni un error aislado: es una política deliberada de exclusión educativa que busca expulsar estudiantes de las universidades y vulnerar el derecho a la educación pública. La ley reconoce que este gobierno nos debe 280% de aumento en las becas estudiantiles, que debe presupuesto para investigación, para extensión, para el funcionamiento de nuestras universidades.

En los medios de comunicación nos defenestran, nos tildan de vagos, de militantes pagos, de que tenemos falta de voluntad para recibirnos en tiempo y forma. ¿No será que los estudiantes no se reciben porque estamos cada vez más ahogados por un contexto que nos empuja a trabajar por salarios de miseria? No alcanza ni para comprar un apunte, no alcanza para viajar en el transporte público. La mayoría de las y los estudiantes no pueden pagar un alquiler y deben viajar horas desde sus pueblos y ciudades a la universidad con boletos a precios altísimos. Es triste ver que nuestros pares se quedan sin acceso a estudiar cuando la educación pública en nuestro país es un derecho. La universidad pública es la herramienta de movilidad social ascendente más valiosa que tenemos y está siendo vaciada y desmantelada por un gobierno nacional que nos quiere individualizados, que busca romper los lazos de solidaridad que han hermanado el movimiento estudiantil desde la reforma universitaria de 1918.

El gobierno nacional impuso un recorte inédito a los fondos destinados al sistema universitario. Las transferencias a universidades nacionales registran una caída real acumulada del 45,6 % entre 2023 y 2026: ese ajuste ubica a la Argentina entre los países del continente que menos recursos destinan a la educación superior. El ajuste en ciencia y tecnología no es un discurso, está escrito en el presupuesto. En 2025, la inversión estatal en ciencia cayó a un mísero 0,167% del PBI, el nivel más bajo desde que existen registros en Argentina. Ese mismo año, el presupuesto del sector se redujo alrededor de un 21% en términos reales, acumulando casi un 50% de pérdida desde 2023. En este 2026 el recorte continúa, se proyecta una caída entre el 7% y 13% real, profundizando un ajuste que ya supera el 45% acumulado en dos años. La situación es gravísima dejando a cientos de investigadoras e investigadores en la incertidumbre. Lo vemos en proyectos sin financiamiento, en subsidios que no se ejecutan o quedan desactualizados frente a la inflación. Lo vemos en laboratorios que no pueden comprar insumos básicos, en equipos que se deterioran sin posibilidad de renovación, en viajes y redes de intercambio que se cancelan. Lo vemos en universidades que se sostienen cada vez más con menos recursos, y en jóvenes que se ven empujados a abandonar la investigación o irse del país. Este desfinanciamiento compromete al sistema científico, su funcionamiento presente y su futuro. 

La ley de financiamiento universitario que ganamos en las calles, con plan de lucha, paros, clases públicas, movilizaciones, y que logramos mantener a pesar del veto, es hoy central para la subsistencia de nuestra universidad pública. Hoy, el gobierno de Javier Milei y Alejandro Álvarez no aplica la ley. Por el contrario, ha intentado por todos los medios derogarla, darla de baja y modificarla con una propuesta demagógica y empobrecedora que desconoce la pérdida salarial y presupuestaria y que profundiza la política de ajuste con un 12,3% de aumento salarial en 3 cuotas, un 14,5% para gastos de funcionamiento y que ni siquiera considera un aumento en las becas para les estudiantes, dando por tierra con el mecanismo de actualización automática en relación a la inflación.

El Gobierno Nacional debe cumplir la Ley de Financiamiento Universitario: la situación salarial del personal docente y nodocente es desoladora. Entre noviembre de 2023 y febrero de 2026 los salarios tuvieron una pérdida del poder adquisitivo del 32%. Cada trabajador y trabajadora perdió el equivalente a 7 salarios y medios mensuales. Para poder recuperar el poder adquisitivo perdido, los sueldos de las y los universitarios deberían tener una recomposición del 47,3 % respecto de los niveles vigentes a febrero de 2026. Eso es lo que establece la Ley de Financiamiento y el fallo de la Justicia y que el gobierno no cumple.

En otro embate cínico a la lucha estudiantil, docente, gremial por hacer cumplir la Ley de Financiamiento Universitario, se suma la reciente Resolución 20/2026 publicada este lunes por el Gobierno Nacional, mediante la cual se recortan 4,9 millones de dólares destinados a obras de infraestructura para las universidades nacionales. Esta decisión, tomada apenas horas antes de una nueva Marcha Federal Universitaria, constituye una clara provocación política hacia toda la comunidad educativa y una demostración más del desprecio del gobierno de Javier Milei por la educación pública.

Ese es el verdadero proyecto de ajuste: una universidad vaciada, sin investigación, sin pensamiento crítico y accesible solo para unos pocos. Frente a eso, nosotros defendemos una universidad pública, gratuita, científica y al servicio de nuestro pueblo.

A pesar de los fallos judiciales a nuestro favor, este gobierno no sólo desoye, sino que además manda a su esbirro de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, a perseguir docentes para que “garanticen el derecho a la educación”. Los trabajadores y estudiantes de las universidades les decimos: ustedes son quienes no están garantizando el derecho a la educación. Ustedes empobrecen a docentes y no docentes, expulsan estudiantes y destruyen la universidad pública. No vamos a dar ni un paso atrás en nuestra defensa de la universidad pública y en nuestro derecho constitucional a la huelga.

Entonces no alcanza con los fallos, es urgente que se arbitren los medios para que este gobierno aplique la ley de forma inmediata. El gobierno está en desacato y en la ilegalidad por desconocer esta Ley. ¿Dónde quedan las instituciones y la división de poderes cuando el Ejecutivo no aplica una ley que fue sancionada por el Legislativo, ratificada por el Poder Judicial y también por la sociedad en las calles? Sabemos que no podemos esperar mucho de una justicia que persigue a compañeras como Norma Lezana del Garrahan y a referentes políticos como Milagros Sala o Cristina Fernández de Kirchner, que cabe resaltar está presa injustamente en San José 1111 y además proscripta políticamente. Además, es una justicia, que calla ante la corrupción de Adorni y Karina, porque parece haber corrupciones y corrupciones, e incluso calla ante la estafa Libra que involucra directamente a Javier Milei. Por esto también es un mensaje a la Justicia, que hoy no funciona en nuestro país, o que funciona en beneficio de los poderosos y no de las familias que son víctimas todos los días de la inseguridad, de las mujeres que son asesinadas cada 36 hs y de las disidencias que son atacadas todos los días en las calles.

En la provincia, Frigerio es el mejor alumno de Milei. Las y los docentes de Entre Ríos nos hermanamos una vez más con las Universidades, sus docentes, estudiantes y trabajadores en general en la lucha por el financiamiento educativo, por la Educación Pública y por una Universidad que siga produciendo conocimiento, soberanía y pensamiento crítico.

Seguimos exigiendo en este torrente de Unidad salarios dignos, preservar nuestras jubilaciones con el 82% móvil, condiciones laborales saludables, inversión en infraestructura y derecho social a la educación para cada familia, para cada estudiante.

Al gobernador Frigerio le volvemos a exigir: Basta de empobrecer salarios y jubilaciones. Basta de congelamiento salarial. Cese el abandono de la infraestructura de los edificios escolares. Basta de pretender cerrar cargos docentes, escuelas y carreras de formación.

En Entre Ríos, el gobernador Rogelio Frigerio sigue el mismo libreto de ajuste de Javier Milei, empujando a la educación pública provincial a una situación de emergencia absoluta. Esta política de asfixia encuentra en la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) a un ejecutor fundamental: el rector Luciano Filipuzzi, quien, en lugar de defender nuestra universidad, es cómplice del vaciamiento.

La comunidad de la UADER atraviesa problemáticas estructurales desde hace décadas, pero hoy la crisis presupuestaria, salarial, edilicia y académica ha tocado fondo. Los salarios de nuestros docentes y nodocentes son de miseria, y las becas estudiantiles son escasas y con montos irrisorios que no garantizan la permanencia en las aulas.

A esta asfixia material se le suma un profundo deterioro institucional: la violación sistemática del principio de autonomía universitaria. Tenemos un Rectorado que funciona en total subordinación al gobierno de turno, transando con Frigerio para subsidiar festejos, firmando convenios con La Libertad Avanza y anunciando carreras aranceladas que abren la puerta a la privatización de nuestra universidad. Asimismo, la histórica falta de llamados a concursos profundiza la precarización laboral de nuestros docentes, vulnerando sus derechos y golpeando la estabilidad académica.

Dentro de este panorama crítico, la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (FHAyCS) sufre el castigo más duro. Siendo la unidad académica con la mayor oferta de carreras y albergando a más del 45% de la matrícula total de la universidad, es inaceptable que siga recibiendo la partida presupuestaria más baja.

En la FHAyCS no contamos con un edificio propio. Hoy nos vemos obligados a cursar desparramados en escuelas prestadas y compartiendo espacios con otros niveles educativos. Con un presupuesto de mantenimiento inexistente, esta desidia por parte del Estado nos condena a estudiar en condiciones indignas, con edificios sobrepasados que comprometen seriamente nuestro cursado y nuestra permanencia.

Ante este ataque sistemático a la educación pública provincial, la comunidad universitaria de la UADER no se resigna ni se vende. Nos organizamos para exigir más presupuesto y edificio propio para la FHAyCS ¡ya!

Con ajuste, vaciamiento y represión no hay salud mental.

Hoy nuestra provincia está atravesando una profunda crisis en salud mental. Entre Ríos registra la tasa de suicidio más alta del país superando ampliamente la media nacional, mientras el sistema público de salud se encuentra colapsado por el desfinanciamiento de los dispositivos comunitarios y por la falta de políticas públicas integrales para abordar estas problemáticas. Las y los trabajadores de salud sostienen cotidianamente la atención con las instituciones vaciadas, en condiciones laborales de precarización y frente a una demanda creciente que el gobierno nacional y provincial deciden responder con ajuste y abandono.

RECHAZAMOS el intento de modificación de la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657, porque implica un retroceso significativo en materia de derechos humanos y la reinstalación del paradigma manicomial médico-hegemónico, en contraposición del enfoque de derechos que entiende la salud mental de manera integral, condicionada por factores biológicos, psicológicos, históricos, culturales y socioeconómicos.

La salud mental no es una cuestión individual sino profundamente social, y requiere de un abordaje interdisciplinario e intersectorial desde una perspectiva de prevención y promoción de la salud, con ejes de cuidado de los lazos sociales y el respeto por la dignidad de todas las personas y comunidades.

El sector de la DISCAPACIDAD atraviesa una de sus crisis más agudas debido a una gestión nacional que prioriza el ajuste fiscal por sobre la dignidad humana. Mientras el Gobierno niega sistemáticamente el desmantelamiento de derechos denunciado por familiares y prestadores, seguiremos denunciando la corrupción y las faltas de pagos que asfixian al colectivo. EXIGIMOS la aplicación inmediata de la ley de Emergencia y RECHAZAMOS CATEGÓRICAMENTE el proyecto que busca derogar la Ley 24.901. Al pretender eliminar el nomenclador nacional y dejar las prestaciones a merced del libre mercado, el Estado condena a millones de personas a la pérdida de cobertura, provocando bajas masivas de pensiones, una burocratización asfixiante y un aumento de las desigualdades territoriales. Este retroceso se agrava con la falta de pagos actualizados a prestadores y transportistas, lo que deriva en el cierre de centros de día y la interrupción de terapias vitales. No permitiremos que se instale una lógica de sospecha y demonización para justificar recortes; los derechos de las personas con discapacidad tienen rango constitucional en Argentina y seguiremos en pie de lucha para defenderlos.

El gobierno empobrecedor de Frigerio ataca a los más vulnerables

El programa Volver al Trabajo no es un plan social, es un salario para las y los trabajadores invisibilizados más vulnerados. Actualmente, el monto se encuentra congelado en 78.000 pesos, por eso seguiremos luchando para el aumento que se merecen. Porque evitar la quita de los salarios es defender el trabajo y las economías regionales, ya que la baja del programa VAT implica para Entre Ríos, la pérdida de 19.925 millones de pesos anuales. En la provincia, 21.288 trabajadores dejarán de percibir los salarios que volvían a la economía local a través del comercio de cercanía.

La situación es crítica, hace un mes que la comida que les corresponde a los comedores comunitarios en toda la provincia no se ve, hacemos responsable al Gobernador Rogelio Frigerio por dejar a miles de familias sin alimentos. Además del avance del narcotráfico, que deriva en el endeudamiento de las familias y acrecienta la violencia.

Las viviendas del RENABAP son un derecho adquirido por miles de familias en condiciones vulnerables, avanzar sobre esto implicaría dejar en la calle a todos ellos. La Ley de Barrios Populares evita que puedan avanzar con desalojos a familias vulnerables. La lucha de los movimientos sociales logró darle dos golpes al gobierno: tuvieron que depositar el salario complementario de los trabajadores, e hicieron marcha atrás con la derogación de la Ley de Barrios Populares.

Milei y Frigerio ponen la misma excusa: que no hay plata. “No hay plata” nos dicen mientras hacen viajes injustificables y Adorni se construye cascadas lujosas en su casa. ¡MIENTEN! Sí hay plata para eliminar el impuesto a los bienes suntuarios. Hay plata para perdonarles impuestos a los que tienen yates, autos de lujo y mansiones. Hay plata para financiar la bicicleta financiera de los amigos del poder. Hay plata para pagar la deuda externa ilegítima y usurera. Hay plata para que el Presidente sume millas en viajes privados que ni siquiera son oficiales. Hay plata para las coimas y para el 3% de Karina. Hay plata para los sueldos de privilegio de Adorni y para el ejército de trolls que usan para atacarnos. Para el show y el privilegio, sobra la plata. Para los pibes que quieren estudiar y los trabajadores que queremos vivir de nuestro salario, solo hay indiferencia y represión.

Con trabajadores precarizados y sin cobrar, familias en el desamparo y una situación límite, la lucha de este sector es también nuestra lucha. Así como los jubilados que todos los miércoles sufren la brutal represión de un gobierno que usa los palos para silenciar. Y la ley en emergencia pediátrica, cuya aplicación parcial logró el Garrahan con su incansable pelea que nos ha demostrado que ¡luchar sirve!

Desde la universidad pública sostenemos la bandera de los DDHH, una lucha que no tiene fronteras. Vivimos un escenario internacional que nos atraviesa con guerras, crisis económicas y el avance de proyectos autoritarios como el de Milei en nuestro país.

El imperialismo sigue interviniendo en distintas regiones del mundo para garantizar sus intereses económicos y geopolíticos, dejando a su paso destrucción, pobreza y millones de personas desplazadas. Denunciamos el rol histórico de los Estados Unidos en el sostenimiento de guerras, bloqueos e intervenciones en distintas regiones del mundo. Gobiernos reaccionarios, como el de Donald Trump, representan los intereses de ese imperialismo que durante décadas intervino en América Latina, apoyó dictaduras y promovió Golpes de Estado como el del 76 en Argentina.

Repudiamos la injerencia imperialista contra los pueblos de América Latina y el mundo. Basta de agresiones contra Venezuela, Cuba, Irán y el Líbano. Denunciamos el genocidio en Gaza y la masacre del pueblo palestino por parte del Estado Sionista de Israel con el respaldo del imperialismo estadounidense. ¡En defensa de la lucha por la autodeterminación y soberanía de todos los pueblos del mundo! Este pueblo también ha demostrado que da pelea. Que no se rinde y defiende con uñas y dientes los derechos que ha conquistado.

Porque en un mundo donde las ultraderechas avanzan con brutales recortes de presupuesto a la educación y la salud, donde golpean a los pueblos con ajuste, represión, guerra y genocidio, necesitamos más que nunca una universidad que invite a desobedecer a esos mandatos de crueldad. Que proponga conocimiento para pensar nuevos horizontes, que recupere la fuerza histórica de la unidad obrero estudiantil y que reconozca que somos parte de esa historia. Vamos a profundizar el plan de lucha hasta lograr la aplicación de la ley. Vamos a seguir en las calles, en unidad en la diversidad y defendiendo la educación pública, gratuita, laica y de calidad que supimos y sabemos construir.

¡Viva la universidad pública!

¡Aplicación inmediata de la ley de financiamiento universitario!

¡Aumento del presupuesto para el Sistema Científico nacional!

¡Apertura de paritarias y aumento de salarios para lxs trabajadores del sistema público ya!

¡No a la reforma previsional que quiere saquearnos las jubilaciones!

¡Aumento del presupuesto educativo provincial, infraestructura escolar y edificio propio para la FHAyCS!

¡Concursos para la regularización de la planta docente y la estabilidad laboral de todxs lxs trabajadorxs!

¡Defensa irrestricta de la autonomía universitaria!

¡Unidad de trabajadores y estudiantes para defender nuestros derechos!

ADHESIONES:

AGMER / ATE / SADOP / CGT Regional Paraná / INDIGNADXS / Alternativa Estatal /

Alternativa Docente / Red ecosocialista / Juntas y a la Izquierda / MST Movimiento Socialista de los Trabajadores en el Frente de Izquierda Unidad / Red Diversa de Estudiantes / Frente Universitario Popular / Partido Comunista / Federación Juvenil Comunista / La Cámpora / Partido Justicialista Departamental Paraná / Juventud Universitaria Peronista Entre Ríos / Ideales por el amor y la igualdad FTS-UNER / Juventud Socialista de Entre Ríos / Partido Socialista Entre Ríos / Sindicato de Dragado y Balizamiento / Asamblea Ciudadana Vecinalista / PCR / CCC / PTP / CAAC / Ni un pibe menos por la droga / Asamblea de Salud Mental de Entre Ríos / Patria Grande / La Solapa / Afader / Multisectorial de DDHH / Fundación Margarita Belén de Chaco / MTE / APYME / FUNDACIÓN MUJERES / Manifiesto Argentino Paraná