Nancy era una trabajadora de la educación. Una maestra que había ido a cumplir con su tarea de enseñar y que no regresó a su hogar. Su ausencia, la angustia de su familia y de sus compañeras, y el desenlace que hoy nos conmueve y nos llena de bronca nos enfrentan, una vez más, con una realidad insoportable: las mujeres seguimos expuestas a las violencias machistas y nuestros lugares de trabajo tampoco están a salvo.

Hace apenas un año,  Corrientes fue sede del Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades, en un contexto atravesado por la desaparición de Loan Peña y por la falta de respuestas que la sociedad reclamaba a la Justicia. Aquella elección de la sede estuvo marcada por la necesidad de visibilizar las desapariciones, exigir respuestas y poner en el centro la responsabilidad de quienes deben garantizar nuestros derechos.

Hoy, nuevamente, Corrientes nos conmueve y nos interpela. La aparición sin vida de Nancy vuelve a poner en evidencia la urgencia de construir respuestas estatales efectivas frente a las violencias, las desapariciones y los femicidios. No alcanza con la conmoción pública cuando una mujer desaparece, ni con las declaraciones de preocupación cuando su vida ya no puede recuperarse. Necesitamos políticas de prevención, mecanismos de protección, investigaciones eficaces y una Justicia que actúe con celeridad, perspectiva de género y compromiso con la búsqueda de la verdad.

El Estado tiene la obligación de prevenir las violencias, garantizar condiciones de trabajo seguras, proteger a quienes denuncian situaciones de vulneración de derechos e investigar cada desaparición con la urgencia que exige la defensa de la vida. También debe asegurar que las instituciones educativas cuenten con condiciones dignas y seguras para las trabajadoras y las comunidades.

El desmantelamiento de las políticas públicas de género, el desfinanciamiento de los dispositivos de prevención y asistencia y el debilitamiento de las herramientas estatales para acompañar y proteger a las mujeres  tienen consecuencias concretas sobre nuestras vidas. La violencia de género no se combate con discursos, negacionismo ni ajuste: se combate con políticas públicas, presupuesto, prevención, educación y protección efectiva.

   La escuela debe ser un espacio de enseñanza, de encuentro y de cuidado. Ninguna docente debería estar expuesta a situaciones de abandono, desprotección o violencia por el hecho de ejercer su trabajo. La tarea de enseñar no puede desarrollarse a costa de la seguridad, la integridad ni la vida de quienes la sostienen todos los días.

La violencia por razones de género  es una cuestión social y política que compromete al Estado, a sus instituciones y al conjunto de la sociedad. Combatirla exige presupuesto, políticas públicas sostenidas, educación sexual integral, formación con perspectiva de género, prevención y acceso efectivo a la Justicia. Exige también escuchar a las mujeres, atender sus denuncias y actuar antes de que sea demasiado tarde.

   Por eso, reclamamos una investigación exhaustiva, el esclarecimiento de los hechos y justicia para Nancy Godoy. Exigimos que se determinen las responsabilidades correspondientes y que no haya impunidad. Acompañamos a su familia, a sus compañeras y a toda la comunidad educativa que hoy atraviesa este dolor.

¡JUSTICIA POR NANCY GODOY!

¡NI UNA MENOS!

¡EL ESTADO DEBE PREVENIR, PROTEGER Y GARANTIZAR JUSTICIA!

AGMER – Comisión Directiva Central