Documento » Quinta Marcha federal Universitaria 15 de octubre de 2026

Hoy las calles de todo el país vuelven a llenarse con la convicción de un pueblo que no se rinde. Nos encontramos la comunidad universitaria, los movimientos socioambientales, las organizaciones sociales, los sindicatos y las organizaciones políticas de nuestra provincia en una jornada de enorme importancia para decir: LA UNIVERSIDAD PÚBLICA Y LA SOBERANÍA NO SE VENDEN.

Porque esta situación no se aguanta más. No se aguanta más que el Gobierno se niegue a aplicar una Ley de Financiamiento Universitario que conquistamos en las calles. No se aguanta más que nuestros estudiantes tengan que elegir entre estudiar, comer o trabajar. No se aguanta más docentes empobrecidos y familias hundidas en la pobreza y la desocupación, con doble o triple empleo para subsistir. No se aguanta más que quieran vender nuestras tierras, nuestros ríos y nuestros territorios y privatizar nuestros bienes comunes. No se aguanta más que repriman a nuestros jubilados cada miércoles, que ajusten sobre las personas con discapacidad y que nuestros salarios no alcancen para vivir.

   Hoy confluyen luchas que muchas veces hemos dado por separado. Nos une la defensa de la universidad pública, de nuestros salarios, del trabajo, de las y los trabajadores de la educación de todos los niveles de enseñanza y la salud, pero también de nuestras tierras, nuestros ríos y nuestra soberanía. Esta jornada abre la posibilidad de potenciar y unificar nuestras luchas, porque tenemos enfrente un mismo proyecto de ajuste, entrega, saqueo y destrucción de derechos.

Por eso estamos en las calles con dos objetivos fundamentales: exigir la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario y tirar abajo el DNU 70/23

AL GOBIERNO SE LE ACABARON LAS EXCUSAS: ¡QUE CUMPLA LA LEY!

Hace casi tres años que la comunidad universitaria viene protagonizando una pelea enorme. Hicimos paros, clases públicas, asambleas y movilizaciones multitudinarias. Ganamos una Ley de Financiamiento Universitario en el Congreso, derrotamos el veto presidencial y defendimos una y otra vez esa ley en las calles.

Y ahora volvimos a ganar.

La Justicia ya había intimado al Gobierno nacional a cumplir la medida cautelar que ordena aplicar la Ley de Financiamiento Universitario. Ahora tenemos además un fallo sobre la cuestión de fondo: el juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional el mecanismo mediante el cual el Gobierno pretendió suspender la ejecución de la ley y ordenó su cumplimiento inmediato.

La Ley de Financiamiento Universitario está vigente. El Gobierno tiene que cumplirla. Se acabaron las excusas y se acabó el tiempo.

Esta ley no cayó del cielo: la conquistamos en las calles, la sostuvimos frente al veto, la defendimos en el Congreso y la hicimos valer en los tribunales. Sin embargo, Milei sigue sin pagar la deuda salarial y continúa sometiendo a todo el sistema universitario y científico a un ajuste brutal.

Frente a la postergada Ley de Financiamiento Universitario, el Gobierno ha resistido su implementación, desatendiendo la emergencia del caso desde hace meses. Atrincherado bajo el dogma del déficit cero, incumple con lo que a todas luces es una obligación ineludible del propio Estado con la ciudadanía.

Frente a nuestro reclamo, la Justicia en numerosas instancias nos ha dado la razón sobre la aplicación de la ley en sus distintos artículos, sobre todo en lo que refiere a salarios, becas, investigación y gastos de funcionamiento.

Ya no hay más instancias para apelar este veto encubierto, el Gobierno las agotó todas. Y sin embargo, frente a las diversas manifestaciones y reclamos de los diversos actores que componemos la comunidad universitaria, se nos sigue acusando de golpistas, de violentos y de desestabilizadores.

Mientras tanto, es el propio Gobierno el que vulnera la división de poderes y desoye la voluntad expresada por el Poder Legislativo y por la Justicia, que ratificaron la plena vigencia de la ley y le ordenaron ejecutar de inmediato las partidas necesarias para garantizar el funcionamiento del sistema universitario público.

No nos dejemos engañar, esto es un desacato en toda regla que busca ahogar financieramente a las universidades públicas, empujando al sistema al colapso y a la comunidad académica a la calle.

Hace más de un siglo, los estudiantes de Córdoba salieron a las calles para transformar una Universidad que estaba cerrada sobre sí misma. La Reforma Universitaria de 1918 dejó un legado que todavía defendemos: autonomía, cogobierno, libertad de cátedra, participación estudiantil y una Universidad comprometida con las necesidades de su pueblo.

Ese legado no es solamente parte de nuestra historia. Es una forma de entender la Universidad y la democracia. La Reforma nos enseñó que las instituciones pueden transformarse desde la participación, la organización y la movilización de quienes las integran.

Por eso, la defensa de la Universidad Pública también tiene hoy una dimensión institucional, además de presupuestaria, que no podemos dejar de señalar. El respeto por las reglas democráticas y por la división de poderes es inseparable de la defensa de una Universidad que tiene entre sus pilares la autonomía, la participación y el cogobierno.

Es por eso también que hoy volvemos a ocupar las calles: para defender una concepción de Universidad construida sobre la democracia, la participación y los derechos. Ese es el legado que recibimos de 1918 y que tenemos la responsabilidad de seguir defendiendo.

No queremos una universidad vaciada, sin investigación, sin pensamiento crítico y accesible solamente para quienes puedan pagarla. Defendemos una universidad pública, gratuita, científica, democrática y al servicio de las necesidades de nuestro pueblo.

LOS ESTUDIANTES NO PUEDEN SEGUIR PAGANDO EL AJUSTE

Entre los más perjudicados por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario están las y los estudiantes.

Las becas PROGRESAR siguen congeladas en apenas $35.000. Con eso un estudiante tiene que intentar pagar transporte, fotocopias, apuntes, materiales, comida y alquiler. No alcanza para garantizar el derecho a estudiar. La ley establece una actualización que hoy implica una deuda de alrededor del 300% en las becas estudiantiles, pero el Gobierno se niega a cumplirla.

A esto se suma el desfinanciamiento general de las universidades. Cuando se recorta el presupuesto universitario también se reducen las posibilidades de sostener y subsidiar los comedores, las becas propias, los programas de bienestar estudiantil y todas las herramientas que permiten que quienes no tienen recursos puedan permanecer en la universidad. Tampoco hay recursos suficientes para las becas de investigación, golpeando especialmente a quienes empiezan a formarse en el sistema científico.

Detrás de cada recorte hay estudiantes que tienen que trabajar cada vez más horas, que cursan menos materias, que no pueden pagar un alquiler o un boleto y que finalmente abandonan sus carreras.

   Esto es expulsar estudiantes de la universidad pública.

   Por eso nuestra pelea por el financiamiento no es solamente una pelea salarial ni presupuestaria. Es una pelea por quiénes tienen derecho a estudiar. Queremos una universidad en la que el origen social no determine quién puede recibirse.

Es una pelea por nuestras juventudes. Esas juventudes que hoy en el mundo están dando el ejemplo de la pelea contra las ultraderechas y los ajustes de este sistema que no tiene ningún futuro para ofrecerles. Porque son las juventudes de Brasil que enfrentan a Bolsonaro, las de Francia que han movilizado masivamente y permanecen en las calles resistiendo toda represión, las de España que denuncian la crisis habitacional y el ajuste brutal a sus vidas, las juventudes Argentinas: la del cordobazo, la de la Reforma del 18, la del Nunca Más, la de Malvinas, la del 2001, la del 6 de Agosto y las marchas federales por la educación pública. La juventud no se hizo de derecha, la juventud lucha en todo el mundo.  

TODO EL SISTEMA EDUCATIVO ES VÍCTIMA DE LA MOTOSIERRA

En el Proyecto de Presupuesto 2027 el gobierno de Milei volvió a expresar qué piensa de la educación pública. El porcentaje del PBI para Educación y Cultura es del 0,79% contra el 6% que estaba establecido bajo la aplicación de la Ley de Financiamiento Educativo y que estuvo vigente hasta el año pasado.

Fondos como el FONID y Conectividad permanecen eliminados del salario docente, el Instituto Nacional de Educación Técnica y los programas de infraestructura escolar siguen en su mínima expresión y la Formación Docente sigue bajo el recorte permanente.

A la par, el gobierno impulsa una ley de destrucción de la educación pública, que nada tiene de Libertad. Es la eliminación del derecho social a la educación, de la estabilidad laboral en el trabajo docente, y el financiamiento en manos de particulares para preparar su privatización.

¡No a la reforma educativa!!

TAMBIÉN ESTAMOS ACÁ PARA TIRAR ABAJO EL DNU 70/23

Esta marcha también tiene otro objetivo fundamental: tirar abajo el DNU 70/23, una de las piedras fundacionales del proyecto de Milei.

A pocos días de asumir, el Gobierno pretendió modificar de un plumazo, mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia, centenares de normas que regulaban aspectos fundamentales de nuestra vida económica y social. Entre ellas, el DNU derogó la Ley de Alquileres, la Ley de Góndolas y la Ley de Tierras, además de avanzar sobre normas laborales, sobre la desregulación de prepagas y obras sociales, contra el derecho a huelga y las asambleas, contra leyes de abastecimiento y protección de la producción nacional.

No estamos hablando de una discusión abstracta. Estamos hablando de cómo vivimos, cuánto pagamos para tener un techo, cuáles son nuestros derechos como trabajadores, quién controla nuestros recursos y en manos de quién quedan nuestras tierras.

Por eso hoy decimos que defender la universidad y tirar abajo el DNU forman parte de una misma pelea. Porque no queremos una Argentina donde la educación sea un privilegio, el trabajo no alcance para vivir y nuestras tierras y bienes comunes queden librados a los intereses de los grandes grupos económicos.

Exigimos a las diputadas y los diputados nacionales, especialmente a quienes representan a Entre Ríos, que concurran al recinto, den quórum y voten el rechazo integral del decreto. El Senado ya lo rechazó en 2024; si la Cámara de Diputados adopta la misma decisión, el DNU quedará derogado en su totalidad. No hay lugar para ausencias ni especulaciones cuando están en juego los derechos laborales, la soberanía nacional y el futuro de la educación pública.

NUESTRA TIERRA Y NUESTROS RÍOS NO SE VENDEN

También venimos a defender nuestra soberanía. Ya lo dijimos en las calles el 6 de agosto: este pueblo está dispuesto a defender sus territorios, sus poblaciones, sus tierras y sus ríos.

Y hoy tenemos que volver a decirlo frente a una Corte Suprema que habilitó nuevamente la derogación de la Ley de Tierras: ninguna casta judicial puede decidir que nuestro territorio se entrega al mejor postor. Las resoluciones judiciales recientes, provisorias y cambiantes, no resuelven la cuestión de fondo: la tierra entrerriana no puede quedar librada a una cautelar; debe ser defendida por el Congreso de la Nación.

La soberanía no es una palabra vacía. Es decidir sobre nuestra tierra y nuestros bienes comunes, sobre nuestro territorio, nuestro desarrollo científico y tecnológico. Es defender aquello que pertenece a nuestro pueblo frente a quienes quieren convertirlo todo en mercancía.

Desde Entre Ríos lo decimos con más fuerza que nunca: Nuestros ríos no están en venta. Nuestras tierras no están en venta. Nuestros bienes comunes no están en venta. Nuestro pueblo no está en venta. Nuestros montes, nuestros humedales, y nuestra fauna no son mercancía. La soberanía se defiende en las calles.

La política nacional de planchar los salarios, despido de trabajadores y pauperización de las jubilaciones ha llevado a la destrucción del mercado interno. Esto junto a la apertura de importaciones indiscriminadas ha generado una de las peores crisis de empleo de la Argentina.

La entrega total de la soberanía se expresa también en lo laboral. El único discurso predominante es la flexibilización de la mano de obra, quitarle impuestos a los ricos para generar condiciones de inversiones extranjeras como única respuesta de salvataje a la crisis actual. El Rigi, Rini, Super Rigi son expresión de esto.

En Argentina, los informes recientes del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) estiman una pérdida acumulada de más de 437.000 empleos formales y el cierre de más de 32.200 empresas desde finales de 2023. En Entre Ríos, la actividad industrial registró una caída del 2,6% en los últimos dos años, un número levemente inferior al promedio nacional. La crisis laboral se ha profundizado. Según los últimos informes la provincia perdió 12.506 puestos de trabajo privados registrados y sufrió el cierre de 1.202 empresas entre finales de 2023 y mediados de 2026. Esto lo muestran el cierre de 3 Arroyos, Fademis, Unionbat, Valentinuz y la lista sigue.

Esto representa una enorme transferencia de recursos además al pago de deuda externa, cerca de 20 mil millones de dólares que salen del bolsillo de los trabajadores, de los presupuestos de las universidades, discapacidad, jubilados, y demás sectores ajustados por Milei y Frigerio.

   Mientras destruyen empleos y no generan nuevos, para los sectores más castigados de la sociedad como son los trabajadores desempleados y de la economía social, no hay respuestas de ningún tipo. No hay programas de generación de empleo. Prácticamente no hay obra pública. No hay iniciativas para las cooperativas que hoy corren la misma suerte que las pymes. Descontinuaron el volver al trabajo. No renovaron en la provincia la ley de emergencia alimentaria y los alimentos no llegan o llegan a cuentagotas a los comedores de la provincia. Las y los trabajadores que garantizan la comida en los barrios y que son los que dan la cara frente al hambre de las barriadas, están solos, sin alimentos de la provincia y sin trabajo genuino. Un abandono total a los trabajadores y sectores más vulnerados de la provincia.

MILEI Y FRIGERIO: EL AJUSTE ES UNO SOLO

El ajuste nacional tiene su correlato en nuestra provincia. Frigerio es un aliado fundamental de Milei en Entre Ríos. Mientras acompaña el ajuste nacional, docentes y estatales tenemos salarios de pobreza y los servicios públicos se deterioran.

Cuando no puede arreglar con sus amigos, el gobierno vacía la paritaria, se niega a seguir discutiendo y nos empobrece por decreto.

A las y los docentes no sólo se nos niega un salario digno: el Gobierno llegó al extremo de prohibir las asambleas en las escuelas, en un claro intento de disciplinar a quienes se organizan para enfrentar su política de ajuste.

También pretendió privatizar el sistema de los comedores escolares, reemplazando alimentación saludable por basura ultraprocesada vendida por sus negociados provenientes de Buenos Aires. La lucha docente organizada le puso un freno.

Hoy tenemos un salario docente en Entre Ríos que para el sistema general de la enseñanza no llega a la mitad de la canasta básica establecida por el INDEC y en un grave contexto social de nuestras comunidades educativas con la crisis entrando a las escuelas, agravado por una salud mental deteriorada y sin ningún tipo de programa de atención por parte del Estado Provincial

   Frigerio también avanzó con una reforma previsional regresiva que golpea derechos conquistados y destruyó el IOSPER para reemplazarlo por la OSER, una obra social que no da respuestas y deja a miles de entrerrianas y entrerrianos con enormes dificultades para acceder a prestaciones y cobertura de salud.

Hace más de 25 años la comunidad de UADER atraviesa una profunda crisis salarial, presupuestaria y edilicia. Las becas UADER que se otorgan son escasas y con un monto congelado desde el 2023 de solo $12000 mensuales, insuficiente para cubrir cualquier gasto que garantice nuestra permanencia en las aulas.

Mientras los estudiantes peleamos todos los días para seguir la cursada, el rector, Luciano Filipuzzi sigue transando con La Libertad Avanza; no contento con firmar un convenio para imponer una cátedra que nadie pidió, vuelve a reunirse con Fleitas para discutir “espacios de formación en salud mental”, como si no fuesen ellos mismos quienes la ponen en riesgo con sus políticas de ajuste. Así también, la histórica falta de llamados a concursos profundiza la precarización laboral de nuestros docentes, vulnerando sus derechos y golpeando la estabilidad académica.

Dentro de este panorama crítico, la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (FHAyCS) seguimos siendo los más castigados. Con la mayor matrícula de la universidad, cursamos desparramados en escuelas prestadas y compartiendo espacios con otros niveles educativos. Con un presupuesto de mantenimiento inexistente, esta desidia por parte del Estado nos condena a estudiar en condiciones indignas, con edificios sobrepasados que comprometen seriamente nuestro cursado y nuestra permanencia.

Ante este ataque sistemático a la educación pública provincial, la comunidad universitaria de la UADER no se resigna ni se vende. Nos organizamos para exigir más presupuesto y edificio propio para la FHAyCS ¡ya!

   Pero el ajuste tampoco termina en la educación. Lo sufren las personas con discapacidad que siguen reclamando la aplicación efectiva de la emergencia. Lo sufren las y los trabajadores de la salud y quienes necesitan un sistema público de salud mental fortalecido. Lo sufren nuestros jubilados, que cada miércoles salen a las calles y reciben como respuesta los palos y la represión. Lo sufren las familias de los barrios populares, los trabajadores precarizados y quienes dependen de comedores comunitarios.

Todas esas luchas son también nuestra lucha.

UNIFICAR LAS LUCHAS PARA GANAR

Esta quinta Marcha Federal Universitaria tiene que ser un nuevo punto de partida.

La experiencia de estos años nos dejó una enseñanza: cuando salimos masivamente a las calles podemos torcerles el brazo. Así conquistamos y defendimos la Ley de Financiamiento Universitario. Así defendimos nuestros territorios. Así cada sector consiguió arrancarle conquistas a un Gobierno que pretendía que aceptáramos resignadamente su ajuste. Hoy tenemos la oportunidad de dar un paso más

La comunidad universitaria, las organizaciones sindicales, sociales, socioambientales y políticas nos encontramos en una misma calle porque entendemos que ninguna de estas peleas puede librarse aisladamente.

Necesitamos transformar esta confluencia en fuerza organizada. Porque no venimos solamente a denunciar lo que hacen Milei y Frigerio. Nos movilizamos y nos organizamos para derrotar sus políticas.

Nos movilizamos para tirar abajo el nefasto DNU 70/23.

Nos movilizamos para que Milei cumpla de una vez por todas la Ley de Financiamiento Universitario que conquistamos luchando.

Nos movilizamos para defender nuestros salarios, nuestras jubilaciones y nuestras condiciones de vida. Por alimentación saludable para nuestras niñeces en las escuelas.

Nos movilizamos porque nuestros estudiantes tienen derecho a estudiar y recibirse, y no a elegir entre comer, trabajar o cursar.

Nos movilizamos para defender la educación, la salud, la ciencia y todos nuestros derechos.

Y nos movilizamos para defender nuestra soberanía frente a Milei, los grandes grupos económicos y una Corte Suprema que pretende habilitar la entrega de nuestro territorio.

Ningún Gobierno y ninguna casta pueden decidir que nuestras tierras y nuestros ríos están en venta.

Por eso vamos a seguir organizándonos y vamos a seguir en las calles hasta ganar.

¡VIVA LA UNIVERSIDAD PÚBLICA!

¡Milei: cumplí ya la Ley de Financiamiento Universitario!

¡Basta de salarios de pobreza! ¡Recomposición salarial ya para docentes y nodocentes!

¡300% de aumento para las becas estudiantiles! ¡Ningún estudiante afuera de la universidad!

¡Vivan las juventudes del mundo que pelean por sus derechos!

¡Más presupuesto para comedores, becas, ciencia e investigación!

¡Abajo el DNU 70/23! ¡Organicémonos para derrotarlo en las calles!

¡Basta de ajuste y represión contra nuestros jubilados!

¡Aplicación inmediata de la emergencia en discapacidad!

¡Basta de salarios de pobreza en Entre Ríos!

¡No al disciplinamiento de la docencia! ¡Defendamos el derecho a organizarnos y luchar!

¡Defendamos nuestras jubilaciones y nuestra salud!

¡Solidaridad con la lucha de nuestros jubilados!

¡Nuestros territorios no se venden!

¡Nuestros ríos no se venden!

¡Nuestras tierras no se venden!

¡Ninguna Corte ni ningún Gobierno puede entregar lo que es de nuestro pueblo!

¡Unidad de estudiantes, trabajadores, jubilados, movimientos sociales y socioambientales para derrotar el ajuste de Milei y Frigerio!

LA UNIVERSIDAD PÚBLICA Y LA SOBERANÍA NO SE VENDEN

NO NOS HAN VENCIDO.